La Asociación Provincial de Talleres de Coches, integrada en la Fele, está advirtiendo una presencia creciente de locales ilegales por la provincia. Aunque no ha cuantificado todavía el número, su presidenta, María Luz Merino, señala que es una cantidad importante que va a más. En muchos casos, se trata de antiguos trabajadores que, tras perder su empleo, se ponen a arreglar coches por su cuenta en garajes y locales sin ningún control.
La Asociación está sopesando una denuncia colectiva para que la Junta de Castilla y León inicie una investigación a corto plazo, como ha hecho recientemente la Xunta en Galicia. En la comunidad gallega, una situación parecida ha provocado ya la apertura de más de 70 expedientes sancionadores.
La Asociación Provincial de Talleres está integrada por 200 pequeñas y medianas empresas repartidas por toda la provincia y suma más de 200 trabajadores. «Es una situación cada vez más preocupante», añade Merino.
Condiciones
El sector de reparación de talleres es uno de los más afectados por la crisis, aunque no hay datos sobre el número de trabajadores afectados por el recorte generalizado de plantillas, tanto en los más grandes de los concesionarios como en los pequeños talleres de barrio.
En los últimos años, la Consejería de Interior y Justicia, ha abierto numerosos expedientes, pero más por controles de la calidad y la normativa de los talleres que por la situación actual de economía sumergida.
Las campañas autonómicas de inspección de consumo en talleres de reparación de automóviles han tenido como objeto constatar que este tipo de establecimientos comerciales disponen de la información al consumidor que fija la normativa, como por ejemplo, los precios por hora de trabajo, los servicios concretos que ofrecen, si se exhibe de forma bien visible la información sobre el derecho a presupuesto previo, las garantías en las reparaciones, y otros aspectos de su actividad comercial, como puede ser la puesta a disposición de los consumidores de hojas de reclamación, la entrega de presupuesto previo a la reparación o la entrega de facturas.
La situación ahora es distinta, ya que está en cuestión la propia supervivencia de muchas pequeñas empresas, según asegura María Luz Merino, que exige un control del sector para garantizar la continuidad de aquellos que cumplen con todas las normas.
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