Estos 1.700 millones de euros corresponden a las indemnizaciones por daños personales reconocidas en la garantía de Responsabilidad Civil del Seguro del Automóvil. Si lo trasladamos al 100 por ciento del mercado, el volumen alcanzaría los 2.856 millones de euros anuales de media, que serían destinados a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus familiares.
Así, el paso del antiguo al nuevo baremo supondrá un incremento medio anual en las indemnizaciones de unos 247 millones de euros, 400 millones si se traslada al 100 por ciento del mercado.
Del importe total, el 12 por ciento (212 millones de euros) iría destinado a indemnizaciones por fallecimiento; el 42 por ciento (747 millones de euros) lo abarcarían lasindemnizaciones por lesiones permanentes (secuelas) y las lesiones de carácter temporalse llevarían el 46 por ciento del total, unos 812 millones de euros.
El nuevo baremo supondrá un incremento en las indemnizaciones por tipo de víctima: las de los familiares de los fallecidos aumentarán un 50 por ciento, y los lesionados -que, entre secuelas y lesiones permanentes, representan el 88 por ciento de los casos- incrementarán su indemnización un 12,8 por ciento.
No obstante, la repercusión del nuevo baremo no se repartirá por igual entre los lesionados, puesto que, mientras las indemnizaciones de los lesionados con carácter permanente aumentarán un 35 por ciento, el conjunto de los lesionados con carácter temporal perderá un 2 por ciento.
Según aclara el Ejecutivo, dicha reducción ‘excepcional’ de las indemnizaciones de los lesionados sin secuelas se debe a la decisión de moderar las compensaciones en lesiones de menor rango para poder incrementar en mayor medida la protección de los grandes lesionados y de familiares de fallecidos.
No habrá impacto en los presupuestos
‘Las medidas incluidas no supondrán un incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal’, afirma el gobierno, y asegura que ‘se va a producir un claro ahorro presupuestario’.
Además, indica que ‘existen beneficios para la sanidad pública que se derivan de los nuevos perjuicios a resarcir’, entre ellos, los gastos médicos futuros, algunos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves, que ascienden a100 millones de euros anuales, y serían asumidos por las aseguradoras y no por los servicios públicos de salud.
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